Hombres, ¿Estáis a salvo?

María Isabel Blasco Robert

Abogada en A Coruña

Hace unos años fueron aprobadas la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que busca proteger a cualquier miembro de la familia, que sufra agresiones por parte de otro familiar en el hogar y la Ley Orgánica, 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que busca proteger a las mujeres contra las agresiones de todo tipo a mano de los hombres que sean sus cónyuges o hayan tenido una relación de pareja.

Ambas son acertadas, aunque nos centraremos en la que protege a la mujer. Es muy cierto que la Ley de Violencia de Género protege a aquellas mujeres que realmente son víctimas de maltrato. Ningún hombre tiene derecho a golpear a una mujer y hacerle daño y tampoco al contrario, por supuesto.

Hoy en día las mujeres están especialmente protegidas y eso es bueno, siempre y cuando la situación de maltrato exista de verdad. Y digo verdad, preguntando a todas aquellas que además de mujeres son madres y tienen hijos varones. Se preguntarán qué pasa cuando sus hijos son denunciados por su actual pareja o esposa y son inmediatamente detenidos sin preguntar.

En el mes de agosto y sin previo aviso el Gobierno actual modificó por razones de urgencia el Código Civil, en el sentido de dejar fuera de la decisión de los padres la posibilidad de que sus hijos reciban asistencia psicológica desde el primer momento. También modificó la Ley de Violencia de Género, añadiendo que se podrán acreditar las situaciones de violencia mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente, dejando en manos de las Comunidades Autónomas desarrollar el Procedimiento a seguir.

En mi opinión esto es algo aberrante, puesto que antes de la Reforma de la Ley la violencia de género quedaba sometida a un control judicial con intervención del Ministerio Fiscal, personas que tenían autoridad para determinar en función de las pruebas practicadas en un procedimiento de instrucción y posterior juicio si esa situación de violencia realmente había existido para dictar una sentencia condenatoria.

Hoy en día, y al abrir la veda a los asistentes sociales, servicios especializados o servicios de acogida, nos preguntamos qué pruebas o comprobaciones van a practicar para averiguar que realmente ha existido un maltrato. Planteémonos que con la actual Ley modificada un simple informe de servicios sociales sería suficiente para acreditar esta situación de maltrato. Qué locura, ¿verdad? ¿Dónde queda el principio de presunción de inocencia en estos casos?

¿Qué efectos produce en el hombre denunciado? Devastadores. Pierde la patria potestad de sus hijos sin capacidad de decisión, no ha sido juzgado, pero ya ha sido condenado a los ojos de todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿Dónde quedan las garantías procesales?

Desde mi punto vista resulta inaudito y muy grave esta situación. Espero que cuando las Comunidades Autónomas redacten la normativa respeten el principio de presunción de inocencia, porque al final, y como siempre, esta sobreprotección a las mujeres, terminará provocando situaciones muy injustas para algunos y peores para otras, las que verdaderamente sufren violencia de género.

Y yendo un poco más allá, me pregunto, igual que la vida da muchas vueltas, también lo hacen las leyes. ¿Que pasará en un futuro? Nadie lo sabe porque nadie lo puede predecir, pero cuidado, quien no conoce la historia la termina repitiendo y en las manos de los políticos que estamos, nadie es capaz es capaz de aventurar que pasará.

¿Lo sabe alguien?

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