Comunicado sección sindical CCOO concello de Pontevedra: “El Gobierno Local no acata las sentencias judiciales y la actuación de la Inspección de Trabajo”

Con fecha 23 de diciembre de 2016, la Concejala de Policía, Carme Da Silva, dictó resolución requiriendo a la totalidad de la plantilla de Policía Local, desde ese día, hasta el 8 de enero de 2017, Textualmnte decía:“Requerir a todos los policías locales del Ayuntamiento de Pontevedra para que desde el día 23 de diciembre de 2016 hasta el día 8 de enero de 2017 estén permanentemente localizables por si se tienen que incorporar al servicio de policía de manera inmediata. Esta localización implicará, entre otros, la necesidad de contestar cualquier llamada que se realice desde la Jefatura Local para que se incorporen al servicio de policía local. Así mismo, de ser llamado un policía local para incorporarse al servicio, deberá de hacerlo de forma inmediata cuando lo indique la Jefatura de Policía local”.

Esta orden no tenía ni tiene ningún tipo de precedente, nunca se ha dado una orden similar a un cuerpo de policía. Después de distintos requerimientos a la Concejal de Policía solicitándole reuniones o demandándole una solución negociada, nos vimos obligados a recurrir el Decreto inicialmente por la vía administrativa, donde el Gobierno Local mantuvo su posición prepotente, obligándonos a ir a la vía judicial.

Las demandas recayeron en los 3 Juzgados de lo Contencioso de Pontevedra y las primeras sentencias son dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra número 3 –Sentencia de 10 de noviembre de 2017-, número 2 –Sentencia de 15 de enero de 2018- y número 1 –Sentencia de 18 de enero de 2018-, siguiendo las dos últimas la estela de la primera, más extensa y prolija en detalles y apreciaciones, haciendo suyos y reproduciendo sus principales fundamentos.

La línea argumental de las sentencias parte de la condición de la Resolución como acto limitativo de un derecho subjetivo, habida cuenta que “mantenerse disponible en horas en que no se tiene previsto ningún turno o servicio limita, de uno u otro modo, un derecho personal y especialmente el derecho al descanso, limitando la capacidad de movimiento en jornadas festivas y/o de libranza”. Las tres juzgadoras entienden por ello que, aun cuando la Resolución no está ayuna de motivación, ésta no fue suficiente ni proporcionada, al no justificarse la concurrencia de circunstancias excepcionales ni haber concretado sus efectos debidamente, que son exigencias de Ley–exigencia de motivación a resoluciones administrativas limitativas de derechos subjetivos o intereses legítimos- y de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia, que dispone que sólo:“En situaciones excepcionales, cuando se produzcan hechos o emergencias que así lo exijan, los funcionarios podrán ser requeridos para el servicio fuera de su jornada de trabajo”.

Pero sí el Decreto ha vulnerado derechos fundamentales del personal, más grave ha sido que el proceso administrativo de recurso, el Concejal de Personal Vicente Legisima, denegó el derecho a indemnización, que incluso en caso de haberse demostrado que el Decreto estaba ajustado a derecho, debería de abonarse al personal esa disponibilidad que impidió disfrutar de sus días de descanso o de vacaciones con toda libertad.

Pero la “desfachatez” de este Gobierno no terminó con el debido cumplimiento de las Sentencias, tras un año sin hacer absolutamente nada, fue necesario en el mes de septiembre del 2018 que CCOO presentara en los Juzgados un escrito solicitando la ejecución forzosa de las sentencias. Por ello comenzaron a ejecutarlas provocando una nueva serie de recursos porque los cálculos de las indemnizaciones estaba por debajo de lo estipulado en las sentencias.

Con todo el Gobierno se negó a extender la sentencia al resto de la plantilla de policía que no había presentado demanda judicial, y ello dio lugar a un aluvión de solicitudes de extensión, que los juzgados admitieron en diciembre 2018/enero 2019, con la consiguiente condena a costas por su actitud.

Con la solicitudes de la extensión creemos que prácticamente el 100% (del Jefe policía no tenemos información) del personal de policía demandó por no ajustarse a derecho y ser abusivo el Decreto de la Concejala Carme Da Silva, es decir esa argumentación que asegura que hay sectores en la policía, decae ya que las reclamaciones contra este Decreto fue prácticamente total.

Conclusión este Gobierno Local se ríe de sus trabajadores/as, administra de manera irresponsable el dinero público y se permite aumentar la carga de trabajo de técnicos del Concello y de los Juzgados por un capricho de la Concejala de Policía Sra. Da Silva. Sin tener datos concretos, pero entre pago de indemnizaciones, intereses de demora y pago de costas judiciales (por fallo judicial), entendemos que el coste económico supera los 130.000 euros, más las horas de trabajo de la asesoría jurídica y personal de servicio de personal del Concello de Pontevedra. SERÍA BUENO SABER QUIEN PAGA LA FACTURA.

Pero este no es un caso aislado, la falta de negociación de este Gobierno y su costumbre de imponerlo todo, esta obligando a los sindicatos a denunciarlo todo en estamentos externos, así junto a la denuncia que CC.OO. presentó en Inspección de trabajo que supone una inversión muy costosa en las dependencias de la Policía Local de Pontevedra, debemos sumar las quejas que se están tramitando ante La Valedora de Pobo por la falta de respuesta a escritos presentados por CC.OO., y nuevas demandas ante la autoridad judicial, que ya se están empezando a resolver con sentencias que obligan a abonar los complementos de festividad y nocturnidad en días de descanso, vacaciones o I.T., y que nuevamente el Gobierno Local se niega a negociar una salida para todo el personal afectado, y que nos obligara a presentar un sinfín de demandas para extender la sentencia a el resto de bomberos, Policías, personal de cementerios, mercados, etc

Tenemos claro que este Gobierno Local del BNG nunca tuvo la negociación como bandera, pero en estos últimos años radicalizaron su posición al encontrarse con un freno en sus políticas de personal desde los Juzgados. No le importa lesionar gravemente derechos de los trabajadores/as o impedir que el colectivo de policía disfrute las fiestas de diciembre 2016 con normalidad, con tal de GANAR NO SE SABE MUY BIEN LO QUE.

Señores y señoras del Bng de Pontevedra, con su posición e imposición perdemos todos y todas, porque por mucho que nos paguen por orden judicial los días que dejamos de disfrutar con nuestras familias o con nuestras amistades no tienen valor económico, sin dejar al lado el mal uso que están haciendo de los recursos humanos y económicos del Concello de Pontevedra. SUS TONTERIAS Y BRAVUCONADAS LAS PAGAN LA CIUDADANÍA CON SUS IMPUESTOS. Un Gobierno serio asumiría responsabilidades y pediría perdón, Alcalde Lores, desmiente nos y pida responsabilidades políticas y patrimoniales a la Sra Da Silva y al Sr. Legisima, demuestre que es Alcalde de Pontevedra y no del BNG.

Pontevedra a 08 de enero de 2019.

Antonio Millares Jorge, Sección Sindical de CC.OO. Concello de Pontevedra.

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