La Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina logra un paso más en su reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia” para los gallegos, españoles y sus descendientes víctimas de la dictadura

La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso “no hacer lugar a la excarcelación” solicitada por la defensa de Nazario al considerar que “podría entorpecer la investigación” y la obtención de pruebas que permitan determinar el modo en que sucedieron los crímenes de lesa humanidad por los que está acusado y sus responsables,  según detalla el escrito.

Nazario fue señalado como coautor de 132 privaciones ilegales de la libertad y  aplicación de tormentos, y es considerado como partícipe necesario del homicidio agravado de diecinueve personas alojadas en el Centro Clandestino de Detención “Olimpo” durante la dictadura.
La defensa había solicitado la puesta en libertad del genocida alegando,  entre otros, demoras desde su detención en la provincia de Salta (norte) hasta que se le tomó declaración al acusado.  Ante esta situación, la Federación como único querellante de la colectividad española en la causa presentó un escrito en el que solicitaba la permanencia del represor en  prisión considerando que “existen pruebas que demuestran que se desempeñó en el CCDT ‘Olimpo’ en donde fue coautor de delitos de lesa humanidad”. El texto recuerda además que ante la orden de detención en su contra, Nazario no se entregó sino que permaneció prófugo, con la protección de las fuerzas de seguridad de la provincia de Salta, donde ejerció como subsecretario de Protección a la Comunidad hasta 1996 y, posteriormente, como secretario de la Gobernación de la Seguridad.
“No era cualquiera. Era un oficial de inteligencia que llevaba adelante las sesiones de tortura y disponía los homicidios de sus víctimas. Ha gozado de impunidad con posterioridad a los crímenes de lesa humanidad que cometió a pesar de estar identificado en el informe de CONADEP”, prosigue la declaración de la FAGRA.
La Federación de Asociaciones Gallegas se unió como querellante en este litigio en el año 2006 para representar a familiares de doce desaparecidos de origen gallego, entre los que se encuentra Carlos Casariego de Bel, oriundo de Lugo y desaparecido el 15 de junio de 1977. Casariego de Bel fuera asesor y alto funcionario del Ministerio de Economía durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981). La denuncia incluye también las desapariciones de Ernesto Fernández Vidal, Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias, Manuel Souto Leston, Urbano López Fernández, Manuel Gómez Aguirre, Jaime Lozano Nieto, Inés Olleros, Miguel Castiglioni Cornes, Alberto García López y Alicia D’Ambra Villares.

Con esta  resolución , la Federación logra un paso más en su reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia” para los gallegos, españoles y sus descendientes víctimas de la dictadura. Las organizaciones de derechos humanos estiman en un centenar de personas el número de inmigrantes españoles asesinados por el terrorismo de Estado en Argentina, así como multitud de descendientes que engrosan el listado de 30.000 opositores al régimen que fueron detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

2 × cuatro =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.