La muerte de una anciana. Crimen de Estado. Por Germán Rodríguez Conchado

El pasado día 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora, ha fallecido doña PILAR GARCIA VALIÑO. Tenía 86 años de edad. Pero no los había podido vivir todos porque, como ella misma decía, le habían robado tres años.  Fue una mujer trabajadora, nacida en La Coruña y emigrante en Barcelona y en París, con su esposo, y después de  toda una vida de trabajo y esfuerzo, volvió a su casa de La Coruña para pasar una vejez tranquila. Pero no pudo ser porque el Estado (el maldito Estado) se cruzó en su camino agravando despiadadamente su infortunio que comenzó en fecha 8.6.15 con el fallecimiento  de su única hija, MARIA DEL PILAR MARTINEZ GARCIA, enfermera en Málaga; poco después, en 9.4.16 cayeron enfermos al mismo tiempo ella y su esposo. A ambos los internó la Seguridad Social en dos hospitales diferentes de La Coruña y el día 16.4.17 falleció el esposo, lo que sumió a doña PILAR en una profunda crisis, que se agravó enormemente cuando aparecieron en el hospital, su ex yerno (divorciado de su fallecida hija muchos años antes, ya casado nuevamente y sin relación alguna con ella) con su hijo, nieto de doña PILAR, de 19 años de edad, con una ambulancia desde Málaga.

La metieron en esa ambulancia el día 25.4.17 y  la ingresaron contra su voluntad en la Residencia de Ancianos “EL BUEN SAMARITANO”  propiedad de CARITAS, en Churriana, Málaga en un penoso viaje que doña PILAR recordaba amargamente y a donde llegaron a las 4 de la mañana del día siguiente.  Doña PILAR estaba en silla de ruedas y allí se quedó abandonada a su suerte, a su mala suerte. En esa residencia fue atada, maltratada, golpeada por internos dementes con los que se la mezclaba, y medicada para que “no estorbase”, hasta que un día, ayudada por  una visitadora de los ancianos, CARMEN CASTAÑEDA, pudo comunicar telefónicamente con su hermana CARMIÑA que vivía en La Coruña y transmitirle su situación, pidiéndole angustiosamente que la sacara de allí.

Su hermana, vecina y amiga del abajo firmante, encargó a éste las gestiones necesarias para rescatar a su hermana y fruto de esas gestiones  nos encontramos con que el nieto de doña PILAR (instigado y dirigido por su padre) había promovido la incapacitación de doña PILAR con el claro designio de apropiarse de sus bienes. En fecha 9.2.18  el médico forense ANTONIO GARCIA GALVEZ emitió un informe favorable al internamiento no voluntario que ya se había producido nueve meses antes. A la vista de lo anterior, esta parte dispuso que  doña PILAR  fuera reconocida por el afamado psiquiatra ANTONIO CEREZO MORENO y la psicóloga HELENA CEREZO RAMÍREZ, los cuales concluyeron inequívocamente que doña PILAR estaba en el normal uso de sus facultades intelectivas y volitivas correspondiente a su edad. En base a ello, el juez HERMINIO MAILLO PEDRAZ se vio obligado a disponer nuevo reconocimiento por el medico forense. El Juez se negó a habilitar, tal como se le pidió, un día (un solo día) del mes de Agosto para efectuar estos reconocimientos, según manifestó en la vista “porque no iba perder un día de sus vacaciones” correspondiendo esta vez al forense  MANUEL BURGOS MORENO que en fecha 13.9.17 emite informe en el que dice que “se afirma y ratifica el informe medico forense emitido por el Dr. García de Gálvez el día 5.4.18”.

Se aportaron actas notariales de manifestaciones y documentación de diversos vecinos, amigos y familiares que habían hablado o habían visitado recientemente a doña PILAR y a pesar de todo ello, el juez HERMINIO MAILLO PEDRAZ decide declararla incapacitada en sentencia de fecha 2.11.17 denegando su traslado a su casa de La Coruña. Apelada la sentencia, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial  de Málaga acuerda nombrar como perito al psiquiatra, FERNANDO ALMANSA PASTOR, el cuál de manera clara y contundente confirma el diagnóstico del también psiquiatra CEREZO MORENO y de la psicóloga CEREZO RAMIREZ y en la vista celebrada venció de manera contundente la inicial y firme oposición del mismo fiscal dictándose sentencia en fecha 24.7.18 en la que se acordaba que doña PILAR podía regir su persona y bienes con la ayuda de un curador, pudiendo trasladarse a su casa de La Coruña a donde llegó el día 22.8.18  y en la que permaneció hasta el día de su fallecimiento.

Doña PILAR ha muerto. En la causa de su muerte han tenido una gran influencia las penas que ha pasado y de las que no consiguió recuperarse totalmente Ya no se puede hacer nada por ella. Pero quedan muchas personas como doña PILAR a las que es obligado proteger. Esas penas fueron causadas gratuita e innecesariamente por un juez inepto, HERMINIO MAILLO PEDRAZ, por un fiscal burócrata que se atrevió a pedir reiteradamente la incapacitación, que es la muerte civil de una persona  sin haberle visto la cara en ningún momento (esta parte no ha conseguido conocer el nombre de este fiscal porque no figura en ninguno de los escritos, como si se avergonzara de lo que hace),  y por dos forenses incompetentes, ANTONIO GARCÍA GALVEZ y MANUEL BURGOS MORENO. Y este juez inepto, este fiscal burócrata y anónimo, y estos forenses incompetentes, siguen ahí cobrando del Estado (es decir de todos los ciudadanos) y pueden seguir cometiendo “crímenes de Estado”, en nombre del Estado que los ha nombrado y los mantiene, porque los ciudadanos que obligadamente pagamos sus inmerecidos salarios carecemos de cauces adecuados y suficientes para evitar estas conductas, porque lo primero que los funcionarios (y los políticos) se han encargado de hacer es cercenar esos cauces de reclamación.  Ni el juez MAILLO PEDRAZ, ni el fiscal burócrata y anónimo, ni los forenses GARCÍA GÁLVEZ y BURGOS MORENO, dispararon sus pistolas contra doña PILAR y la enterraron en cal viva, como hicieron en su día, amparados por el mismo Estado, los también funcionarios de ese mismo Estado, Enrique Dorado y Felipe Bayo con Lasa y Zabala, o Amedo y Domínguez con García Goena, pero su influencia en la causa que finalmente provocó la muerte de doña PILAR es tan clara y directa como la de los citados.  En nombre de todas las “doña PILAR” que quedan abandonadas a su suerte en las Residencias de Ancianos de toda España con todas las formalidades legales, eso sí,  pedimos a todas las buenas gentes que apoyen la causa de que jueces, fiscales y forenses como estos no puedan quedar impunes. Tienen que responder de los daños causados con su ineptitud, su incompetencia y su negligencia  Los ciudadanos tenemos derecho a ser protegidos contra esta clase de funcionarios que son extremadamente peligrosos para la existencia de los derechos civiles y, consecuentemente,  para la democracia, porque sin  derechos civiles, no hay democracia. Su responsabilidad debe de poder exigirse de forma directa ante el Tribunal del Jurado. Es la única forma de que se acaben esta clase de “crímenes de Estado”. Mientras esto no suceda todas las “doña Pilar” carecerán de los derechos civiles más elementales: la libertad y, a veces, la vida. No podemos permanecer indiferentes.

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