Los bitcoins y su restitución para el Tribunal Supremo. Por Diego Fierro Rodríguez

El Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia sobre el bitcoin, la conocida criptomoneda, sobre la que afirma que no puede entenderse como dinero, lo cual resulta razonable atendiendo a la normativa y al hecho de que no se encuentra respaldada por una institución pública nacional o internacional que pueda controlar y verificar su utilización. Concretamente, la resolución indica que “el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin”, debiendo calificarse de manera específica “como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal”, pues la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende, solamente, el “valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”.

Según la nota de prensa correspondiente a la sentencia, el asunto sobre el que trata se refiere a una estafa en la que el condenado pretendía quedarse con unos bitcoins, que no fueron restituidos. En relación con esta cuestión, para el resarcimiento de la responsabilidad civil, no se estima la pretensión de los perjudicados de recuperar los bitcoins, habiéndose declarado, únicamente, el derecho de los afectados por el delito a recibir una indemnización por el valor monetario de las criptomonedas en el momento de los hechos, ya que “no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño), con un incremento como perjuicio que concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades bitcoin entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos”. Este planteamiento no parece totalmente acertado conforme a la normativa.

El artículo 111.1 del Código Penal establece que “Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen”. Los bitcoins son criptomonedas y, como tales, son cosas genéricas, pudiendo destacarse que el artículo 1096 del Código Civil especifica que, si la cosa a entregar fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor, de manera que se realizará la prestación correspondiendo la financiación de la misma al que tiene la obligación de entregar la cosa.

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