Los sindicatos del concello de Ourense contraatacan: “Es triste que nos pueda dirigir y representar una persona carente de la mínima formación”

José Manuel Rodríguez Fernández, con DNI.: 34.xxxxxx-Y, en su condición de Delegado Sindical de la Central Sindical Independiente y Funcionarios CSIF en el Ayuntamiento de Ourense; D. José Antonio Fernández Nieto, con DNI.: 34.xxxxxx-H, en su condición de Delegado Sindical de la Unión General de Trabajadores UGT en el Ayuntamiento de Ourense; y D. Javier García Gago, con DNI.: 34.xxxxxx-J, en su condición de Secretario de la Sección Sindical de la Confederación Intersindical Galega CIG en el Ayuntamiento de Ourense, ejerciendo las  funciones atribuidas por el  artículo

10.3 de la Ley orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en relación con el artículo 157.1.a de la Ley 2/2015, de 29 de abril del empleado público de Galicia

Ante las nuevas manifestaciones del Sr. Pérez Jácome, a la sazón Alcalde de Ourense, (y ya se ha perdido la cuenta de las que van) en relación a los funcionarios del Ayuntamiento de Ourense, en este caso referido por un lado a las bajas laborales de los mismos, y por otra, la siempre recurrida alusión a los sueldos de estos, desde esta central sindical queremos puntualizar lo siguiente:

PRIMERO: La función pública está perfectamente regulada en la legislación vigente, especialmente como norma marco en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el capítulo I del Título IV se regula la forma de acceso a la función pública, especialmente mediante la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantizando la libertad de acceso a todos los españoles siempre que reúnan los requisitos que a cada una de las plazas se exigiese, así como los requisitos básicos y generales.

Por tanto, todos y cada uno de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Ourense han accedido a la función pública mediante un procedimiento que ha garantizado dichos principios, así como tener como requisito específico la titulación exigible a cada una de las plazas. Estamos hablando exigencia mínima de la ESO para el subgrupo C2 y hasta la exigencia de grado específico o genérico para el Subgrupo A1.

Sr. Alcalde, si considera que los funcionarios públicos gozan de un privilegio sobre el resto de personas, no lo dude, preséntese a las oposiciones. Claro, primero, dependerá del grado de sus estudios que le estará limitado el grupo o subgrupo al que podrá optar.

Segundo, deberá competir con el resto de ciudadanos preparados. Claro, visto así, a lo mejor ya no le compensa.

SEGUNDO. Como ya nos tiene acostumbrados por sus manifestaciones, y que con toda probabilidad deberá defender y acreditar ante las instancias judiciales oportunas, el Sr. Pérez Jácome asegura que se vulnera el principio de igualdad, puesto que habla de “enchufismo” (entre otras lindezas) en los funcionarios públicos. Como ciudadano tiene la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía (este recurso ya lo ha utilizado en infinidad de ocasiones y lo conoce perfectamente) la comisión de un hecho presuntamente delictivo. A este respecto, le sugerimos la lectura de los artículos 259 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y claro, puede que esté amparado por alguna de las excusas absolutorias del art. 260 o 261, que claro, mejor ni comentar. Si no, su temeridad en las afirmaciones públicas es manifiesta y clara.

TERCERO. Las bajas de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Ourense ya están fiscalizadas por el sistema público de la Seguridad Social, como al resto de ciudadanos sometidos a este régimen. Por tanto, a salvo que tenga un don especial superior al facultativo que determina la incapacidad temporal de un trabajador para ejercer su función, debería abstenerse sobre las bajas de los funcionarios, y en todo caso, dirigirse al organismo competente de Sanidad al objeto de que revisen la actuación de aquellos facultativos que emiten bajas a los funcionarios del ayuntamiento de Ourense, pero en modo alguno poner en entredicho a los mismos y menos, a saber con qué intenciones espurias, tratar de confundir al resto de ciudadanos.

CUARTO. Los sueldos de los funcionarios del ayuntamiento de Ourense son públicos, Sr. Pérez Jácome. Por un lado están las retribuciones básicas establecidas a nivel estatal. No sé si usted considera que deberían ser modificadas. En ese caso emita una queja formal al Ministerio de Administraciones Públicas. Tal vez deberíamos tener unos funcionarios con sueldos míseros que fomentasen la prevaricación y el enriquecimiento ilícito (por cierto, delitos muy parejos a los políticos).

En cuanto a las retribuciones complementarias, están publicadas en las correspondientes fichas de la RPT del Ayuntamiento de Ourense. También son públicas. No es necesario que el Sr. Alcalde se las explicite a los ciudadanos, que ya las conocen más que de sobra, el que tenga interés. Pero así mismo, tiene capacidad para en las próximas mesas de negociación intentar reducir dichas cuantías, eso sí, a cambio de la merma de las funciones y responsabilidad del funcionario público.

Sin tratar de extenderse mucho más, Sr. Pérez Jácome, un colofón a todo lo anteriormente dicho.

Para ser Alcalde de la una gran ciudad como Ourense, paradójicamente, y en contraposición con los funcionarios, no se exige ningún tipo de preparación, ni titulación ni nada por el estilo.  Es triste que nos pueda dirigir y representar una persona carente de la mínima formación.

Tal vez usted debiera empezar por exigir que los gobernantes de lo público (ojo, lo público es de todos, no de nadie, no lo confunda) tuviesen una mínima formación, especialmente en función de su responsabilidad y sueldo.

Así, por ejemplo, para ser Alcalde se debiera requerir al menos titulación de grado, especialmente en rama jurídica, económica o de dirección de empresas. Y lo mismo para aquellos concejales con responsabilidad en las respectivas concejalías. Otro gallo cantaría.

Con respecto a los sueldos, qué decirle. Explíquele usted a los ciudadanos de Ourense porqué un señor sin formación específica (a sensu contrario de funcionario público como podría ser un letrado del Concello, un arquitecto municipal, un TAG, un jefe de departamento, mandos con responsabilidad en Bomberos o Policía local) cobra casi 5.000 euros al mes (vamos a pensar que no se pegan otros complementos), mucho más que cualquiera de los antedichos. Ah. Eso sí, al carecer de formación, no hay problema, traigo a 27 amigos a los que les pongo un sueldo desorbitado con respecto a los funcionarios públicos, para que estos me digan que es lo que tengo que hacer, que yo no tengo ni idea. Y que esto represente casi un millón de euros más al año en gasto de personal en el ayuntamiento de Ourense carece de interés. Lo importante es que la gente que accedió a la función pública mediante un procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad no cobre lo que por ley le pertenece. O al menos, amargarle su jornal.

Por cierto, 27 amigos que tampoco se acredita que sepan de qué van asesorar, puesto que no se les exige conocimiento ni titulación alguna para su contratación. Sólo que sean “mis amigos”. Al fin y al cabo, Sr. Alcalde, sabemos perfectamente que “en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca” (art. 9.2. EBEP).

Sr. Pérez Jácome. Sr. Alcalde de Ourense. Deje usted de ocultar su incompetencia mediante el subterfugio de acudir a lo fácil. A ver si se entera. No está usted en la oposición. Es Usted el Alcalde de Ourense. Deje a los funcionarios de este ayuntamiento desarrollar sus funciones como lo venían haciendo.

Decía usted que sobraban cientos de funcionarios y ahora resulta que le hacen falta más de 150. Y aun así, les critica. Un colectivo que está supliendo la carencia de más de 150 efectivos y que hace que la Administración funcione. Debería usted premiarlos. Valorar ese sobreesfuerzo. Y mientras no soluciona el problema de la falta de efectivos, al menos, darles las gracias públicamente y alabar su trabajo. Y sí. Si hay algún caso concreto que deba ser analizado, que se considera una manzana podrida, póngale nombre y apellidos. No generalice.

Por último. Tiene una RPT aprobada por la mayoría sindical y la administración. Déle curso. Apruébela en Junta de Gobierno, Saque la oferta pública de 2018 con más de 130 plazas. Y será a continuación cuando nos tendrá de la mano para revisar aquellos aspectos que se consideren.

E insistimos. Deje a los funcionarios hacer su trabajo con tranquilidad. Dedíquese a labores de gobierno. Empiece a dar cumplimiento a sus grandes promesas electorales. Que todavía no se le ha visto nada. Y que por cierto, requerirá para su cumplimiento con el trabajo de esos funcionarios públicos a los que tanto ataca y critica. Pues sin ellos, mala gestión hará usted de lo público.

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