El Juicio del Levante-Zaragoza. ¿Acabará arbitrando la Guardia Civil? Por Germán Rodríguez Conchado

Acaba de iniciarse el juicio por el “amaño” del partido LEVANTE-ZARAGOZA en la temporada 2.010-2.011 que concluyó con la victoria de los visitantes, lo que supuso la permanencia en la categoría de estos y el descenso del DEPORTIVO.

Estamos sin duda ante un juicio con evidentes efectos públicos y mediáticos, y por tanto con claras connotaciones políticas. Y eso es socialmente muy peligroso. Y digo que es muy peligroso para la sociedad porque siempre (indefectiblemente siempre) que se produce un juicio mediático los principios nucleares de justicia quedan sometidos a la complacencia de los medios o de las protestas y manifestaciones más o menos organizadas. Y la causa de todo ello es que ese tipo de juicios permiten sacar a la luz las debilidades (si las hay) de los jueces: los egos, los complejos, las ansias frustradas de notoriedad y protagonismo e incluso las rencillas y envidias  entre ellos (que no son tan raras)  y sus debilidades emocionales. Esto no es ninguna novedad. En su día ocurrió con Isabel Pantoja. Todos los días en este país, condenas no superiores a dos años se suspenden, pero la de Isabel Pantoja no se suspendió y muchos ciudadanos pensaron que eso se debía a que los jueces necesitaban demostrar que ellos eran “más importantes” que Isabel Pantoja.  Siempre (con honrosas excepciones, desde luego) que los jueces abandonan la discreción y la prudencia y el ejercicio recolecto habitual de su oficio, y salen al “escaparate” de  la política, acaban quedando  en el más espantoso ridículo o, como mínimo, perdiendo el respeto y la consideración ganadas (muchas veces merecidamente) en su función de impartir justicia. Si hay alguna duda, en el actual gobierno en funciones tenemos dos claros ejemplos: de un lado Margarita Robles, ministra de Defensa, a la que no se le ha ocurrido otra cosa que enviar (a costa del sufrido e indefenso ciudadano español, claro) un barco de guerra con toda su tripulación durante tres o más  días con un coste estimado de un millón y medio de euros  a recoger a 15 inmigrantes a Lampedusa y traerlos a España. Sería más barato pagarles un avión privado a cada uno. Pero no pasa nada, paga el pueblo y esta señora, cuando deje de ser ministra, volverá, con esta mentalidad, a dictar sentencias. Y de otro lado, Grande Marlasca, ministro de Interior al que no se le ocurrió mejor cosa  que “justificar ” ante los medios de comunicación las agresiones (confirmadas, según se dijo, por la policía bajo sus ordenes) cometidas por los “gays” contra los miembros de Ciudadanos hasta echarlos de la manifestación del orgullo “gay”, con lo que antepone su reconocida condición de “gay” a su deber ministerial de evitar la violencia, todo tipo de violencia.

La única y dudosa  ventaja que tienen estos juicios mediáticos es que permiten (en general) anticipar el resultado y en el presente caso, es claro que no se va a montar una “película” como esta para que luego quede en nada.

çLo que se percibe es que va a haber condena de la mayor parte de los acusados. Y eso sería muy lamentable, no desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de las libertades civiles  porque esa condena supondría un paso más, una vuelta de tuerca más, en el ya asfixiante   intervencionismo del Estado y la consecuente pérdida de libertades ciudadanas. Ya no se libra ni el deporte. Y lo grave es que si constatamos que  ya no se libra ni el deporte de este intervencionismo feroz, es que estamos muy cerca del totalitarismo.

Ya se que los maliciosos y estúpidos que siempre hay, van a interpretar lo que se deja expuesto en el sentido de que yo defiendo la corrupción en el deporte o en las apuestas deportivas. Nada más lejos de la realidad.

Lo que yo defiendo son las libertades civiles porque entiendo que desde hace ya muchos años este país ha dejado de serun estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo políticocomo proclama el artículo 1 de la Constitución Española de 1.978.

Hace ya muchos años que al ciudadano se le ha reducido la libertad, la justicia y la igualdad a una concesión graciosa derivada de la generosidad del poder político y no a un derecho fundamental como establece la Constitución. Son numerosísimos los ejemplos de todo orden ¿Cómo se puede aceptar pasivamente que se prive de libertad a un ciudadano por la mera acusación  de violencia de género? ¿Cómo se puede aceptar pasivamente que no se puedan denunciar las “cacicadas” de muchos jueces más que acudiendo a otro juez que, probablemente, lleva 20 años haciendo lo mismo que se denuncia y no se pueda acudir al Jurado? ¿Cómo se puede aceptar pasivamente que cualquier barbaridad cometida por un funcionario o político quede impune y el mismo hecho cometido por un ciudadano desencadene las “furias del averno”? El ciudadano se ha acostumbrado a vivir con eso y ello potencia cada día más el intervencionismo del Estado, el totalitarismo, hacer lo “que les da la gana” sea justo o injusto, porque saben que el ciudadano no tiene medios de defensa contra el poder político (y funcionarial) porque previamente se le han cegado los cauces que existían para sus reivindicaciones.  Y el ciudadano se conforma. Por eso me ha dado una sana envidia comprobar que en Londres cuando el premier Boris Johnson anunció el cierre del Parlamento, al día siguiente (¡Al día siguiente!) Londres se llenó de manifestantes defendiendo sus derechos. Aquí pueden cerrar lo que quieran que no va a pasar nada. Saldremos cuatro “raros” a escribir unos cuantos artículos como éste que ni siquiera muchos periódicos querrán publicar, e incluso unos cuantos insensatos envidiosos los criticarán  y seguiremos como siempre: vamos directos al totalitarismo, que es la pérdida total de las libertades civiles.

Y ahora, después de esta quizás larga digresión volvamos al fútbol. Teóricamente los principios básicos del derecho penal según se enseñaba antiguamente en las facultades eran el carácter fragmentario y el de intervención minima. Si esto sigue siendo así

¿Qué pinta el derecho penal en que un equipo de fútbol se deje ganar por otro? Es simplemente una cuestión deportiva que corresponde al ámbito deportivo, no al ámbito del derecho penal.

Dentro de un sistema de libertades cuando en una competición privada (La Liga Profesional se define como una entidad privada) un equipo tiene una ventaja de puntos puede hacer con esa ventaja lo que más le convenga; y si lo que le conviene es que permanezca uno u otro en la categoría, el Estado no deberá intervenir, porque si lo hace esta anulando una libertad del ciudadano a practicar el deporte como mejor le parezca o a no practicarlo de ninguna manera, y además, si quiere intervenir en eso tendrá que hacerlo en toda su extensión y por tanto también cuando, como ocurre en muchas ocasiones, un equipo clasificado para una competición juega con los suplentes o con los juveniles, o cuando un entrenador no alinea a la “figura” de su equipo para reservarlo o cuando un jugador falla un penalty o cuando pasa el balón a un jugador en lugar de a otro mejor colocado. Todo eso puede ser corrupción. Ya digo, será mejor que arbitre la Guardia Civil, aunque no estoy muy seguro de que sea una buena idea, porque a lo mejor, si el árbitro no pita un penalty muy claro que influye en el resultado y por tanto en las apuestas, hay que detener al árbitro.

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