El Supremo condena a Junqueras a 13 años por sedición y malversación y a ‘los Jordis’ a 9 años por el primer delito

Los exconsellers Romeva, Turull y Bassa son condenados a 12 años por sedición y malversación; y Forcadell a 11,5. Hubo “indiscutibles episodios de violencia” pero eso no basta para hablar de rebelión, argumenta el Supremo

El Tribunal Supremo no ve probada la rebelión aunque hubiera “indiscutibles episodios de violencia” durante el ‘procés’ para lograr la independencia de Cataluña y condena por sedición -como pedía la Abogacía del Estado y en contra del criterio de la Fiscalía- a penas de entre 9 y 13 años a nueve de los 12 acusados, a cuatro de ellos en concurso con un delito de malversación. La sentencia del ‘procés’ [.pdf], hecha pública este lunes, impone la pena más alta al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación por “su destacado papel” y “liderazgo” en la organización del referéndum ilegal del 1-O.

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La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por su parte, es condenada a 11 años y medio por sedición, por su “decisivo papel” en la aprobación de las leyes de desconexión; y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a 9 años por el mismo delito como “pilares del movimiento sedicioso”. Los cuatro -Junqueras, Forcadell, Sànchez y Cuixart- eran para las acusaciones los “promotores” del plan soberanista.

Además de Junqueras, han sido condenados por sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado por razón de su cuantían el exconseller de Presidencia Jordi Turull, el de Asuntos Exteriores Raül Rovema y la de Trabajo Dolors Bassa, a los que el Supremo ha impuesto una pena e 12 años de cárcel. En el caso de los otros dos exconsellers que estaban en prisión, el titular de Interior Joaquim Forn y el de Territorio Josep Rull, el Supremo no ve probado el desvío de fondos públicos -que les imputaban las acusaciones- y les condena únicamente por sedición a 10 años y medio de cárcel.

Además de las penas de cárcel, el Supremo impone penas de inhabilitación especial para cada uno de los nueve condenados por sedición durante el mismo tiempo que dura la condena de prisión.

La sentencia supone, de esta manera, un varapalo a las tesis de la Fiscalía -que pedía entre 16 y 25 años por rebelión frente a los entre 8 y 12 que solicitaba la Abogacía por sedición- no solo porque rechaza que lo ocurrido en Cataluña fuera un “alzamiento público y violento” para lograr la indepedencia, sino porque tampoco accede a la petición que hizo el Ministerio Público para que los condenados no pudieran acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de las penas.

Por último, los únicos tres acusados que estaban en libertad provisional acusados de malversación y desobediencia -Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- finalmente son absueltos de primer delito y condenados únicamente por el segundo, que no implica penas de prisión. El Supremo les impone una multa de 60.000 euros y 20 meses de inhabilitación.

“Indiscutibles episodios de violencia” pero no para ser rebelión

La clave de la sentencia estaba en saber si el Tribunal Supremo consideraba probado si hubo violencia durante el ‘procés’ y si fue la suficiente como para hablar de un delito de rebelión, es decir, de un alzamiento público y violento para lograr la independencia, como defendía la Fiscalía, que pedía penas de entre 16 y 25 años de cárcel.

Al respecto, la sentencia, que cuenta con 493 páginas, da por probada la existencia de la la violencia, pero señala que “no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión” y destaca que “el Estado mantuvo en todo el momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social”.

No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión

Para que haya delito de rebelión, apunta la Fiscalía, la violencia tiene que ser una “violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”. Sin embargo, el Supremo subraya la “absoluta insuficiencia” de los actos llevados acabo por los condenados tanto para imponer la efectiva independencia de Cataluña como para derogar la Constitución en este territorio: “Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o escneario en que se haga más viable una ulterior negociación”.

Prueba de que la violencia que se registró en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 no era la suficiente para lograr la independencia, está en que “bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutavidad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado” con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Supremo les acusa de usar a “ilusionados ciudadanos”

El Supremo cree que el delito de rebelión debe descartarse también porque “todos los acusados (…) eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación”. En ese sentido, les acusa de ofrecer a la ciudadanía catalana un “señuelo” en forma de un “imaginario derecho de autodeterminación” sabiendo que “nunca” desembocaría en la creación de un Estado soberano.

Los ilusionados ciudadanos (…) desconocían que el ‘derecho a decidir’ había mutado en un atípico ‘derecho a presionar’

Lo que buscaban los acusados, según el Supremo, era presionar al Gobierno central con las movilizaciones ciudadanas. “Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de la república soberana, desconocían que el ‘derecho a decidir’ había mutado y se había convertido en un atípico ‘derecho a presionar’.

En la sentencia, el alto tribunal descarta también la rebelión porque descarta que el riesgo para el orden constitucional fuera real. No basta, argumenta, que se una “mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana”.

Condenados por malversación Junqueras, Turull, Romeva y Bassa

Aunque las acusaciones pedían penas de prisión por malversación para los nueve acusados que durante el 1-O tenían cargos en el Govern, el Supremo solo ha condenado finalmente por desviar fondos públicos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsellers Romeva, Turull y Bassa. El resto –Forn, Rull, Vila, Borràs y Mundo- han sido absueltos de malversación al no haber quedado probado este delito.

La disposición de fondos públicos que da el Supremo por acreditada supera ampliamente la cantidad de 250.000 euros. En el caso de los cuatro condendos, el Supremo señala que “no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administracion de fondos, sino que lo anunciaron públicamente” mediante un decreto en el que autorizaban “la utilización, en general, de los recursos humanos, manteriales y tecnológicos necesarios para garantizar la adecuada organización y desarrollo del referéndum de autodeterminación de Cataluña”.

“Lo hicieron para conseguir la celebración de un referéndum ilegal, respecto al del cual carecían absolutamente de competencias y que, con el ropaje constituyente con el que fue presentado, implicaba una conculcación flagrante de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía”, señala la sentencia.

Fuente: RTVE.es

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