Instituciones penitenciarias podría aprobar el tercer grado para los condenados del ‘procés’ en cualquier momento

Son la Junta de Tratamiento de la prisión y las Instituciones Penitenciarias de la Generalitat quienes otorgan esta calificación. Los nueve políticos condenados por sedición podrían ser calificados en tercer grado o semilibertad desde el primer momento

La sentencia del ‘procés’ ya es firme y esto supone un cambio para los nueve condenados por secesión, que ya estaban en prisión provisional. En un plazo de dos meses dejarán de ser “presos preventivos”: ahora deben ser calificados en alguno de los tres grados penitenciarios que existen.

Descartado en este caso el primer grado, el de aislamiento, se contempla el ordinario, el segundo grado. Y, aunque no es lo habitual, sí sería posible que fueran calificados en tercer grado o semilibertad y pudieran hacer vida fuera de la prisión desde el primer momento.

Las competencias sobre prisiones están transferidas a la Generalitat, así que el centro penitenciario, que debe tomar la decisión, depende de ella. Pero el centro propone el régimen penitenciario y, antes de fijarlo, la Fiscalía podría manifestarse en contra y pasar la responsabilidad de la decisión al juez de vigilancia penitenciaria.

Rechazada la petición del fiscal

La Fiscalía había pedido que la sentencia recogiera expresamente la prohibición de que los condenados se acogieran al tercer grado antes de cumplir la mitad de su condena, una posibilidad recogida en el artículo 36.2 del Código Penal. La sentencia es clara rechazando esta cuestión: “La Sala no considera que concurran las circunstancias que justifican su aplicación”.

El Supremo considera que “esa facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria”, y que la decisión debe ir encaminada a “preservar los bienes jurídicos que fueron violentados”. Algo que quedaría protegido con la inhabilitación de los condenados.

Además, aunque el tercer grado lo propone la Junta de Tratamiento de la prisión, y participa la dirección del centro penitenciario (dependiente de la Generalitat, porque las competencias están transferidas), también hay que consultar al fiscal, por lo que los magistrados consideran que ya hay suficientes garantías.

El tercer grado penitenciario

La calificación de los presos en un régimen penitenciario se realiza cuando hay sentencia firme y se habla ya de presos penados. La realiza la Junta de Tratamiento del centro donde están internos, un comité formado por los expertos que trabajan con los presos. La dirección del centro es quien resuelve definitivamente, y tiene dos meses para hacerlo.

Desde Instituciones Penitenciarias han declinado hacer declaraciones al respecto, primero porque las competencias están transferidas, y, sobre todo, por respeto a los profesionales que toman la decisión, que son quienes conocen la sentencia y las circunstancias de cada preso. “Son decisiones muy individualizadas y son profesionales los que hacen la propuesta de clasificación”.

Pero matizan que el centro penitenciario propone el tercer grado, y hay que consultar a la Fiscalía para ver si está de acuerdo en que se conceda. Si la Fiscalía lo rechaza, sería el juez de vigilancia penitenciaria de la zona el que tendría la última palabra.

El tercer grado pasaría por trasladar a los presos a los que se le otorgue a un centro de cumplimiento especial, de régimen abierto. De lunes a viernes tendrían que dormir en el centro pero pasarían el día fuera, estudiando o trabajando. También hay que tener en cuenta otras circunstancias, como el arraigo familiar o el comportamiento en prisión antes de otorgarlo.

Indultos y amnistía

El Gobierno ya ha advertido sobre otra de las cuestiones sobre la mesa: la posiblidad de que los presos soliciten un indulto. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha dejado claro que “no procede” hablar de indultos.

Algo que se rechaza también desde el independentismo, que apuesta por la “amnistía” de los presos ante lo que consideran un “juicio político” y una decisión contra las bases de la democracia, según el president de la Generalitat.

Fuente: RTVE.es

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