La acción tardía contra una resolución secesionista del mes de julio. Por Diego Fierro Rodríguez

El día 25 de julio de 2019 se aprobó la Resolución 534/XII por el Pleno del Parlamento de Cataluña, que establece que “se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña” y que se reafirma en “su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación”. Además, el texto señala que el Parlamento catalán “reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”, “se reafirma en su reprobación de Felipe VI” y “reafirma su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos”.

Meses después, el Consejo de Ministros aprobó, durante su reunión del pasado día 4 de octubre, plantear dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, relativo a determinados incisos de algunos apartados de la resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 25 de julio sobre las propuestas para la Cataluña real. El primer incidente de ejecución se refiere a los apartados I.1 e I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, que reiteran el contenido de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, que fue anulada por la sentencia del TC 259/2015, de 2 de diciembre, y de la moción 5/XII del Parlamento sobre la normativa anulada y suspendida por el tribunal Constitucional, en la sentencia del TC 136/2018, de 13 de diciembre. El segundo incidente de ejecución se refiere a determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución, en los que el Parlamento de Cataluña reitera, con idénticas o similares palabras, la resolución anulada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2019, de 17 de julio de 2019, que declaró inconstitucionales y nulos ciertos apartados de una resolución previa del Parlamento de Cataluña, la Resolución 92/XII del, de 11 de octubre de 2018.

Lo más curioso de todo el asunto es que los incidentes de ejecución se van a desarrollar conforme a la Ley Orgánica 15/2015, una norma aprobada sin el apoyo del PSOE y que estuvo a punto de ser reformada posteriormente por el partido político de Pedro Sánchez, que siempre consideró que sus reglas eran desproporcionadas. Este hecho puede llevar a pensar en varios detalles.

No tiene mucho sentido que se aprueben por el Consejo de Ministros dos acuerdos para iniciar incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por la Resolución 534/XII del Pleno del Parlamento de Cataluña conforme a una norma que siempre despreció el partido de Pedro Sánchez y que, pudiendo apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña contra el Gobierno de Quim Torra, el PSOE opte por amparar al PSC en lo relativo a su decisión de abstenerse en la votación sabiendo que, con el voto positivo a la moción por parte de los socialistas, se acabarían muchos de los problemas vinculados con el secesionismo en Cataluña sin tener que usar el artículo 155 de la Constitución o los mecanismos de la Ley de Seguridad Nacional.

Pedro Sánchez debería saber mejor que nadie que el mucho abarca poco aprieta, principalmente cuando se habla de electores en España. Su radical viraje por un lado acompañado del mantenimiento de planes del pasado podría hacerle perder muchos más votos de los que ganará con su estrategia, con la que no parece querer detener realmente los lamentables eventos que se están produciendo en Cataluña por las reacciones mostradas por los sectores independentistas más radicales ante la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre.

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