La sentencia de la Manada de Manresa. Por Diego Fierro Rodríguez

La Audiencia Provincial de Barcelona ha establecido penas de prisión que van desde los 10 años hasta los 12 años para cinco de los acusados por cometer abusos sexuales en Manresa. Los jóvenes, componentes de la denominada Manada de Manresa, se han librado por tanto de las penas de prisión de hasta que 15 años que solicitó el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas.

Los hechos por los que se ha desarrollado el proceso penal contra la Manada de Manresa sucedieron en el año 2016. Un grupo de jóvenes acudieron a una fábrica abandonada para reunirse con la finalidad de emborracharse. Poco tiempo después y durante celebración, un grupo de jóvenes abusaron sexualmente de una menor que había consumido alcohol y drogas tóxicas y que se encontraba en estado de inconsciencia.

Debe decirse que la Audiencia Provincial de Barcelona considera que los condenados cometieron un delito de abuso sexual porque “ha quedado acreditado que la víctima, mientras que se producían los hechos, y desde el momento antes hasta horas después de lo sucedido, se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar o oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación”, no siendo posible realizar otra calificación jurídica. De ese modo, se descartó el castigo por el delito de agresión sexual con acceso carnal, pero que requiere el empleo de violencia por los autores sobre la víctima.

Ciertamente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona es un resultado de la aplicación del artículo 181 del Código Penal observando los hechos que se han acreditado en el juicio oral, cuya valoración puede ser discutida en varios aspectos, entre los que destaca el relativo a la absolución de uno de los acusados que se limitó a observar el suceso sin intervenir, que no merece un castigo según el tribunal porque no tenía capacidad para evitar la comisión de las infracciones de sus amigos. En lo que se refiere a los abusos sexuales, hay que afirmar que el razonamiento de la Audiencia Provincial de Barcelona se ajusta adecuadamente al Código Penal. La Sentencia del Tribunal Supremo 680/2008, de 22 de octubre, indica que “la Jurisprudencia (Cfr. STS de 1-6-98; ATS 1709/2000, de 21 de junio) ha considerado reiteradamente incluible en el art. 181.2 CP el caso en el que la víctima se encuentra en una situación de pérdida de la capacidad para autodeterminarse en la esfera sexual, por padecer una situación de profunda alteración de las facultades perceptivas, que no le permite acomodar su actuación conforme al conocimiento de la realidad de los hechos, cabiendo encuadrar en tal situación a personas desmayadas, anestesiadas o narcotizadas, o, en suma, sometidas a los efectos de una droga o del alcohol, aún no exigiéndose una pérdida total de conciencia, bastando con que el sujeto tenga anulados de forma suficiente sus frenos inhibitorios, resultando no estar en situación de oponerse al acceso sexual, o no expresar una resistencia clara y precisa al mismo”. Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo 142/2013, de 26 de febrero, acogió los argumentos de esa resolución y añadió que “la jurisprudencia ha señalado que no es un proceso sin ausencia total de conciencia, sino de pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas, en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones al menos en lo que atañen los impulsos sexuales trascendentes”, destacando que, “En este sentido la sentencia de esta Sala de 28.10.91, establece que si bien es cierto que la referencia legal se centra en la privación de sentido, no se quiere decir con ello que la víctima se encuentre totalmente inconsciente, pues dentro de esta expresión del tipo legal se pueden integrar también aquellos supuestos en los que existe una disminución apreciable e intensa de las facultades anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, al quedar prácticamente anulados sus frenos inhibitorios; y la de 15.2.94, precisa que la correcta interpretación del término “privada de sentido” exige contemplar también aquellos supuestos en que la perdida de conciencia no es total pero afecta de manera intensa a la capacidad de reacción activa frente a fuerzas externas que pretenden aprovecharse de su debilidad”, ya que “los estados de aletargamiento pueden originar una momentánea perdida de los frenos inhibitorios que, en el caso presente, y tal como afirma el relato de hechos probados desemboca en una anulación de sus facultades intelectuales y volitivas y de sus frenos inhibitorias, quedando sin capacidad de decisión y de obrar según su voluntad, esto es privada de cualquier capacidad de reacción frente al abuso sexual”.

Tras la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Navarra sobre la Manada de Pamplona, se inició una serie de protestas dirigidas a impulsar una reforma del Código Penal para castigar como violación hechos como los acaecidos en Manresa y en Pamplona. Se reunió a la sección de Derecho Penal de la Comisión de Codificación, cuya composición suscitó un debate, y sus miembros trabajaron en una propuesta de modificación legislativa de la que nada más se ha vuelto a saber.

Muchos piden ya una reforma del Código Penal para mejorar la regulación de los delitos sexuales. Lo curioso es que podría haberse alterado ya la normativa sobre la cuestión estableciendo que habrá un delito de violación entendida en el sentido de la agresión sexual siempre que haya acceso carnal, pero los tiempos políticos, diferentes a los tiempos sociales en muchos casos por defender de los objetivos vinculados electorales, no parecen haber ayudado a realizar una modificación legislativa que muchos piden.

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